Objetan en tribunales procedimientos contra organizaciones okupa

Grupo "AKI", que ocupa la casa de República 550, pidió aclarar el alcance de las autorizaciones que recibieron diferentes organismos públicos para indagar la violencia registrada en las últimas protestas.

Un recurso de amparo preventivo presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago el grupo okupa "AKI", objetando los procedimientos destinados a aclarar la relación entre este tipo de organizaciones y hechos de violencia registrados en las últimas protestas.

El escrito, patrocinado por el abogado Hugo Gutiérrez, sostiene que los integrantes de "AKI", una entidad destinada a actividades de carácter artístico y cultural, han sido víctimas de investigaciones policiales aparentemente ajenas a la legalidad.

El temor del grupo, que ocupa la casa emplazada en calle República 550, por la cual mantiene litigio con el Ministerio de Bienes Nacionales, es que sean vinculados con los seis detenidos de calle San Ignacio, donde la policía incautó bombas molotov e información anarquista.

Según la presentación, el pasado 20 de septiembre fueron interrogados por individuos de civil, que dijeron pertenecer a Carabineros, respecto a las actividades que lleva a cabo la organización, la supuesta tenencia de armas de fuego y consumo de drogas.

"Estos graves hechos realizados por personal aparentemente policial es un hecho que alerta, perturba y amenaza la tranquilidad de quienes realizan actividades culturales públicas, con jóvenes y adultos que viven en el sector, y que concurren a participar gratuitamente”, agrega.

El escrito sostiene que el pasado viernes se registró una situación de la misma naturaleza, lo que a juicio del abogado Gutiérrez vulnera la garantía de la libertad, y el resguardo de la integridad física y síquica.

Procedimientos de San Ignacio

La acción judicial está dirigida contra el Ministerio del Interior, la Intendencia de la Región Metropolitana, Carabineros, y el titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Guillermo de la Barra.

En ese sentido, el recurso pide oficiar que el tribunal de alzada capitalino oficie a las autoridades requeridas respecto a la autorización que se le dio al Ministerio Público para investigar, allanar y detener a los jóvenes que vivían en calle San Ignacio 165.
----El Mostrador 27-09-2006 -----